La formación de izquierdas entiende indispensable su construcción pero difiere del modelo de financiación que pretende imponer el Partido Popular, que obligará al pago del 10,5% de la obra – un total de 5,5 millones de euros –en lo que puede suponer una condena económica para Sotillo.
Izquierda Unida de Ávila considera necesaria e indispensable la futura construcción de la nueva estación de tratamiento de aguas residuales proyectada en los municipios de Sotillo de la Adrada, Casillas y Santa María del Tiétar pero advierte de los perjuicios económicos que pueden suponer para los ayuntamientos implicados, especialmente para el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada. “La depuradora debe realizarse, porque su puesta en marcha es una necesidad para la localidad, pero no en los términos en los que el Partido Popular quiere hacerlo”. Un planteamiento que Juan Manuel Lobo, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sotillo, ya plasmó en el pasado pleno de la localidad y en el que quiso insistir en el peligro de la hipoteca económica que puede suponer la financiación de parte de esta obra desde las arcas sotillanas.
En total el presupuesto de la obra asciende a 5,5 millones de euros, un montante que será financiado al 86,5% por la Junta de Castilla y León, el 3% por parte de la Diputación Provincial y el 10,5% restante por parte de los tres ayuntamientos implicados. Un porcentaje en el que Sotillo cubrirá el 83%, el 9% Casillas y el 8% Santa María del Tiétar. Una propuesta en la que los planes de la Diputación Provincial y del PP pasan porque estas cantidades se aporten en dos anualidades, algo que está fuera del alcance de estas localidades, o que lo financien a 25 años con unos intereses del 6%, una opción que hipotecaría su futuro, se entiende desde Izquierda Unida.
Términos que Izquierda Unida de Ávila considera inasumibles para las arcas locales. “Pueden suponer un trance para las arcas locales durante mucho tiempo” señala José Alberto Novoa, coordinador provincial de Ávila, que entiende “necesaria” la construcción de esta infraestructura pero “debe ser mediante otro sistema de financiación”, considera Novoa, que pide a las administraciones regionales y provinciales una mayor implicación en la financiación de la obra.
